El 7 de diciembre de 1987, la
Asamblea General decidió establecer el día 26 de junio de cada año como el Día
Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas, para dar una muestra de su determinación en fortalecer las actividades
necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del
abuso de drogas. La Asamblea tomó esa medida en conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas del 26 de junio de 1987.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas (que
comenzó en Shanghái en 1909) coincidió con la terminación del decenio dedicado
a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas. Estos
aniversarios estimularon la reflexión sobre la eficacia y las limitaciones de
las políticas sobre drogas. El examen culminó con la reafirmación de que las
drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud de la humanidad. Por
ello, las drogas están, y deben seguir estando, controladas. Habida cuenta de
ello, los Estados Miembros confirmaron su apoyo inequívoco a los convenios y
convenciones de las Naciones Unidas que han establecido el sistema de
fiscalización internacional de drogas.
La Asamblea General reconoció
que, pese a los redoblados esfuerzos de la comunidad internacional, el problema
mundial de las drogas seguía poniendo en grave peligro la salud y la seguridad
pública y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los
jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados, y
que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo
sostenible. En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la
Comisión de Estupefacientes de convocar una serie de sesiones de alto nivel, a
fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los
objetivos y las metas establecidos por la Asamblea General; determinar las
prioridades futuras y los ámbitos en que se requiriesen medidas adicionales,
así como las metas y los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra el
problema mundial de las drogas después de 2009; y adoptar una declaración
política y otras medidas de fomento de la cooperación internacional. La
Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito a que prosiguieran su labor de fiscalización internacional de
drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el máximo apoyo financiero
y político posible a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito, de manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus actividades
operacionales y de cooperación técnica, en el marco de sus mandatos.
